Elecciones en Honduras 2025

Entre la desconfianza institucional y la sombra de la desinformación.

A menos de cuatro meses de las elecciones generales en Honduras, el país se encuentra en un punto crítico para su democracia. La cita del 30 de noviembre de 2025 no solo decidirá la presidencia y la composición del Congreso Nacional, sino que pondrá a prueba la capacidad institucional para sostener un proceso creíble en medio de un clima político fracturado, acusaciones mutuas de fraude y una creciente desafección ciudadana.

El escenario está marcado por tres tensiones simultáneas: la politización del Consejo Nacional Electoral (CNE), el uso creciente de campañas de desinformación, y el riesgo de conflictos poselectorales. A lo anterior, se suma la presión de la comunidad internacional para que Honduras garantice elecciones libres, transparentes y pacíficas.

El epicentro de la crisis política está el CNE. Las disputas internas entre sus tres consejeros han derivado en paralizaciones, renuncias y amenazas. La fragilidad institucional y la incapacidad de aislar al órgano electoral de las lógicas partidistas serán una seria prueba para la democracia Hondureña. Hoy el CNE es un árbitro cuestionado, incapaz de generar confianza plena en un proceso extremadamente tenso.

La contienda se concentra en tres figuras: Rixi Moncada por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Salvador Nasralla por el Partido Liberal, y Nasry Asfura por el Partido Nacional. Las encuestas, dependiendo de quién las publique, muestran diferencias significativas, generando incertidumbre sobre quién lidera realmente la intención de voto.

Esta polarización se agrava por la memoria de crisis anteriores, especialmente la de 2017, cuando denuncias de fraude y demoras en el conteo de votos desembocaron en protestas violentas y represión. La posibilidad de que algo similar ocurra en 2025 es un temor latente, sobre todo si el CNE no logra blindar el conteo y la transmisión de resultados.

Más allá de las disputas visibles, existe un enemigo menos tangible pero igualmente corrosivo: la desinformación. En un entorno donde las redes sociales son el principal canal de información política, los ataques personales, rumores fabricados y noticias falsas se propagan con rapidez. Organizaciones especializadas como Transparencia Electoral han advertido que “con campañas sucias pierde la democracia”, un recordatorio de que no se puede construir legitimidad sobre la base de la mentira.

En Honduras, la falta de regulación efectiva contra la desinformación digital deja espacio para que operadores políticos utilicen cuentas falsas, manipulación de imágenes y narrativas engañosas para influir en la opinión pública. Esto no solo distorsiona la competencia electoral, sino que erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones.

El interés de actores externos es evidente. La OEA ya ha llamado a garantizar elecciones “pacíficas, libres y justas”. Son varias las voces que reflejan la preocupación de que Honduras pueda entrar en una espiral de inestabilidad política si el resultado electoral no es aceptado por todos los actores relevantes.

Las próximas elecciones serán mucho más que una competencia por el poder: serán una prueba de madurez democrática. El desafío es doble: garantizar un proceso limpio y, al mismo tiempo, contener las narrativas tóxicas que buscan minar su legitimidad.

Si Honduras logra avanzar con transparencia, neutralidad institucional y control de la desinformación, podría enviar una señal positiva en una región marcada por crisis electorales recientes. Pero si el país se deja arrastrar por la polarización y el descrédito, el costo será alto: un gobierno con legitimidad cuestionada y un sistema democrático más frágil que nunca.

En última instancia, la elección no es solo entre candidatos, sino entre reforzar o debilitar las bases de la democracia hondureña.